El Centro de Derechos Reproductivos y la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle presentan una investigación que revela que la exposición al glifosato puede tener impactos negativos en la salud reproductiva de las personas, por ejemplo: efectos nocivos en la fertilidad, causar abortos involuntarios y posibles futuras discapacidades físicas y/o cognitivas en el feto durante el embarazo. El informe dice que existe “una clara consistencia a favor de los efectos nocivos del glifosato en la salud reproductiva” y de esta manera entra a robustecer los hallazgos previos que múltiples organizaciones han hecho sobre daños potenciales a la salud asociados al uso de este químico.
Las conclusiones de este documento señalan que, en aplicación del principio de precaución, el gobierno colombiano debe abstenerse de reanudar el programa de aspersiones aéreas con glifosato (PECIG). El Centro realizó una alianza con el Grupo Epidemiología y Salud Poblacional de la Universidad del Valle para adelantar esta investigación que consistió en una revisión sistemática de otros estudios científicos sobre la relación entre el glifosato y la salud reproductiva con el objetivo de evaluarlos, sintetizarlos y generar recomendaciones relevantes para la toma de decisiones de política pública sobre el tema.
La investigación que presentamos contempló la revisión de otros estudios in vitro, en animales y en humanos. Para llegar a conclusiones y validar los hallazgos, también fueron consultados expertos y expertas de áreas del conocimiento como salud pública, medicina, epidemiología, toxicología, sociología, antropología y derecho, entre otras. El Centro tiene conocimiento de dos casos que se encuentran en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se trata de dos mujeres colombianas que denuncian abortos espontáneos como resultado de exposición al glifosato por aspersiones en el marco del conflicto armado.
Por lo anterior, Grupo Epidemiología y Salud Poblacional de la Universidad del Valle y el Centro de Derechos Reproductivos expresamos máxima preocupación por las acciones que el gobierno de Colombia ha adelantado para reactivar el programa de aspersiones con glifosato. Nos sumamos al llamado que han realizado varias organizaciones, como Dejusticia, para que se cumplan las órdenes de la Corte Constitucional en la sentencia T-236 de 2017 con el objetivo de “proteger derechos fundamentales, evaluar el riesgo al medio ambiente en el marco de un proceso colectivo y técnicamente fundado con garantías reforzadas de participación”.
“La maternidad será deseada o no será. Así que si una mujer ha escogido tener hijos como parte de su proyecto de vida, las acciones del Estado no deberían someterla a ningún riesgo que pueda vulnerar su salud física o mental. Los derechos reproductivos son derechos humanos y se hacen realidad cuando se les garantiza a las mujeres la autonomía sobre sus cuerpos, solo así avanzamos hacia la igualdad” señaló Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro.
El Estado colombiano tiene obligaciones internacionales y constitucionales de respetar, proteger y garantizar los derechos reproductivos que son derechos humanos y, por tanto, son fundamentales. En consecuencia, Colombia debe evitar causar cualquier daño que afecte la vida, la salud, la integridad y autonomía reproductiva de todas las personas en su territorio.
El Centro impulsó este estudio para entregarle a la Comisión de la Verdad como parte de un acuerdo de entendimiento firmado para contribuir a la identificación de la violencia reproductiva ejercida durante el conflicto armado, esto con el objetivo de reparar a las víctimas de manera apropiada como un paso hacia la igualdad y justicia de género que permita construir paz. La Comisión recibirá dos documentos: el estudio científico completo y un reporte que resume la investigación y hace sugerencias de política pública.
¿Qué es la autonomía reproductiva?
Es el conjunto de derechos humanos que tienen las personas para escoger si decide tener o no hijos, cuándo tenerlos, en qué momento y de qué manera. En Colombia, la Constitución Política protege los derechos reproductivos al establecer en su artículo 42 el “derecho a decidir de forma responsable el número de hijos”.
¿Qué es el principio de precaución?
Este principio científico y legal que establece que cuando hay dudas sobre la certeza de la generación de un daño inaceptable, que resulta de una actividad humana, las autoridades deben suspender como precaución.
¿Cuándo se creó el PECIG?
Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con Glifosato, creado en 1994 a través de la Resolución 001 del Consejo Nacional de Estupefacientes.
Fue fundado en 1992 en Estados Unidos pero trabaja en todo el mundo utilizando herramientas legales para asegurar la autonomía reproductiva como un derecho humano fundamental. Como organización global, el Centro busca que los Estados les aseguren a todas las mujeres su derecho a decidir libremente sobre su cuerpo garantizándoles salud integral que les permitan acceder libremente a servicios como el aborto legal y seguro, tratamientos de reproducción asistida, y salud materna sin discriminación ni violencia obstétrica. Tres de las cuatro decisiones que han tomado las Naciones Unidas sobre derechos reproductivos han sido litigadas por el Centro. Su sede para América Latina y el Caribe funciona desde 2011 en Bogotá, Colombia.
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